Las Sanciones Administrativas son expedientes que abre la administración competente y que pretenden imponer una sanción a la persona física o jurídica que presuntamente ha cometido la infracción.
Una vez se inicia el expediente se abre una fase de alegaciones con mucha burocracia y que necesita el asesoramiento de un profesional a fin de garantizar una correcta defensa de los intereses del ciudadano o empresa que se vea en esta situación ya que una buena defensa en fase administrativa es lo que nos puede hacer ganar el día de mañana el expediente en cuestión, ya sea en fase administrativa o judicial.
¿Qué son las sanciones administrativas?
Las Sanciones Administrativas son aquellos actos que se producen cuando una persona o empresa no cumplen lo establecido en el conjunto de normas que integran el Derecho Administrativo.
Este incumplimiento deriva en un expediente administrativo que se tramita ante el organismo competente (ya sea local, autonómico o estatal).
Características de las sanciones administrativas
Se puede decir que las sanciones administrativas tienen cinco características o principios básicos:
1. Principio de legalidad.
Las Administraciones Públicas solo podrán ejercer la potestad sancionadora sobre un ámbito o hecho concreto cuando así lo haya reconocido una ley y, además, en el expediente sancionador se deberá seguir el procedimiento establecido al efecto según la normativa de aplicación.
2. Principio de irretroactividad.
Se aplicarán las sanciones vigentes en el momento de cometer la infracción y solo se aplicará una norma retroactivamente cuando resulte más beneficioso para el ciudadano.
3. Principio de tipicidad.
Consiste en que solo se podrá sancionar cuando sea una ley la que indique que el hecho por el que se abre un expediente sancionador es ilegal y no se podrá sancionar por aplicación de la analogía.
4. Principio de responsabilidad.
Solo pueden ser sancionados por hechos constitutivos de infracción admnistrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos a título de dolo o culpa.
5. Principio de proporcionalidad.
Las infracciones administrativas nunca pueden conllevar pena de privación de libertad y deberán ser impuestas atendiendo a la proporcionalidad entre la sanción entre el ilícito cometido, las características concreto de la actuación y la situación del infractor (reincidencia, perjuicios causados,…) y sin que nunca sea más beneficioso pagar la multa correspondiente que el beneficio que se saca de la infracción cometida.
¿Cuándo se producen las sanciones administrativas?
Las sanciones administrativas se producen cuando una persona o empresa no cumple lo dispuesto en la normativa sancionadora contraviniendo de esta forma lo establecido en el ordenamiento jurídico y causando un perjuicio a los intereses generales.
Ejemplos de Sanciones Administrativas
Hay numerosos ejemplos de Sanciones Administrativos siendo seguramente los más conocidos las multas de tráficos que prácticamente todos los ciudadanos hemos tenido que pagar en alguna ocasión.
Sin embargo hay muchos más tipos de Sanciones Administrativas, entre los cuales podemos citar los siguientes:
- Sanciones urbanísticas: Se producen cuando en una construcción o reforma no se respeta lo dispuesto en la normativa urbanística. Estas pueden venir tanto por construir sin haber pedido los permisos correspondientes, por no haberse ajustado a los proyectos presentados o, también, por no respetar el uso establecido por la normativa urbanística.
- Sanciones medioambientales: estas sanciones se dan cuando no se cumplen las normas de cuidado del medioambiente y afectan tanto a actividades empresariales o profesionales como es la construcción, gestión de residuos, sectores de la energía (gasolineras o gasocentros) o para actividades cotidianas como puede ser una acampada, ir en barco o hacer un picnic, actividades, entre otras, en las que es frecuente cometer infracciones contra la posidonia, hacer fuego donde no se debe o acampanar en zonas donde está prohibido hacerlo.
- Sanciones de consumo: Las sanciones en materia de consumo tienen como objetivo hacer cumplir los mandatos imperativos y las prohibiciones que se establecen en el ordenamiento jurídico referente a esta materia.
¿Cuándo prescriben las infracciones administrativas?
Cada infracción administrativa prescribe en un plazo de tiempo determinado por la normativa que la recoge, sin embargo el artículo 30 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público recoge que de forma subsidiaria para cuando la ley que recoge las infracciones de cada materia no contemple plazos de prescripción se entenderá que las infracciones muy graves prescriben a los tres años, las graves a los dos y las leves a los seis meses.
¿Cómo recurrir las sanciones administrativas?
Cuando se inicia un expediente sancionador se nos notificará, indicándonos el hecho que motiva la sanción así como la sanción que se propone junto al Instructor del expediente y el órgano del que emana el expediente dándonos la posibilidad de realizar las alegaciones que consideremos oportunas para demostrar que sí que cumplimos con lo dispuesto en la normativa administrativa. En caso de que transcurrido todo el procedimiento sancionador con todas las alegaciones que hayamos realizado, el instructor del expediente considere que nuestras alegaciones no prueban nuestra no culpabilidad, o si no hubiésemos hecho uso de nuestro derecho, se resolverá el expediente imponiéndonos la sanción que corresponda.
Sin embargo este agotamiento de la vía administrativa no nos deja sin opciones ya que la resolución por la que se nos condene, en última instancia y sin perjuicio de posibles recursos anteriores, se podrá recurrir ante los Tribunales para que sean jueces los que decidan si nuestra actuación fue o no conforme a Derecho.
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Si te enfrentas a un procedimiento sancionador no dudes en contactar a DUX ABOGADOS, gracias a nuestra amplia experiencia y los recursos destinados a la formación en este ámbito te podemos garantizar que desarrollaremos una estrategia de defensa que vele por tus intereses a la vez que nos aseguraremos que se cumple el procedimiento establecido y, si no fuese así, instaríamos las correspondientes nulidades para archivar el expediente.
